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La gran farsa del “Escudo Social”.

Desde el Gobierno de España se nos ha dicho por activa y por pasiva que esta crisis del Coronavirus no iba a ser como cualquier otra crisis, y que en esta ocasión el Estado iba a asegurar que nadie se quedara atrás, todos juntos aunando fuerzas para que nadie se quedara descolgado y saliéramos todos adelante en esta crisis sanitaria y económica.

Sin embargo, esta narrativa dista mucho de encajar con la realidad, en este artículo nos encargaremos de comprobar el estado actual de algunos de esos elementos que iban a asegurar que “nadie se quedara atrás”, como el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, los pensionistas, etc. Para no alargar demasiado el artículo, no incluiré aquellos problemas que están afectando a los autónomos, aunque animo al lector a que se informe sobre ello.

En primer lugar, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el Ingreso Mínimo Vital, tanto analizando la figura de este subsidio como describiendo la realidad de su implementación, en esta ocasión hay que volver a contar cómo se está desarrollando su aplicación y cuántas familias han recibido dicho ingreso.

De acuerdo con las últimas publicaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a casi 160.000 familias a fecha de 16 de Diciembre, que es cuando se publicó la información. La distribución de las solicitudes por provincias se distribuye de la siguiente manera:

Podemos comprobar como se han aprobado 159.482 solicitudes hasta la fecha en la que se publicó el informe, en total se habrían tramitado 807.914 solicitudes, de las cuales 466.873 habrían sido rechazadas, y unas 181.559 estarían a la espera de subsanar algún tipo de error que impedía su correcto tramite.

De entrada, ya vemos que esta cifra de solicitudes aprobadas está muy lejos de la cifra que el propio José Luis Escrivá mencionaba en los días en los que se anunció la creación del Ingreso Mínimo Vital.

Prácticamente el grueso de las 160.000 solicitudes fueron aprobadas de oficio el 26 de Junio, con 74.000 de estas solicitudes aprobadas de oficio.

Vemos que esta cifra de solicitudes aprobadas no llega ni al 20% de todas aquellas solicitudes que supuestamente se iban a aprobar, y de las 2’3 millones de personas a las que iba a llegar sólo ha llegado a unas 460.000 personas.

Es aquí donde uno se debe plantear una pregunta muy pertinente, ¿cómo se ha evitado que toda esa gente que vive en la pobreza se quede atrás?

Porque desde la puesta en marcha del IMV y el día de hoy han pasado 7 meses, ¿tenían esas familias ahorros suficientes para poder “no quedarse atrás” durante estos 7 meses?

Está claro que la gestión de este subsidio ha sido (y sigue siendo) una gestión muy ineficiente, en la que hasta el propio Escrivá ha reconocido que el IMV no va a llegar “ni de lejos” a las 850.000 familias, y que se crearon expectativas demasiado altas en torno a esta figura.

Por otro lado, está el tema de los ERTE en los que se encuentran alrededor de 755.000 trabajadores en estos momentos.

Según el Consejo General de Gestores Administrativos, alrededor de 300.000 trabajadores no han cobrado aún el subsidio que les correspondía, de esas 300.000 personas unas 205.000 aún están en ERTE (sin cobrarlo) y 105.000 ya se han reincorporado a su puesto de trabajo (sin haberlo cobrado tampoco). Por otro lado, también se calcula que unos 500.000 trabajadores han tenido (y siguen teniendo) problemas con las cantidades recibidas durante su incorporación al ERTE.

Esto viene a dar más evidencia sobre los problemas de pago que estaba teniendo la aplicación de los ERTE en los meses en los que se pusieron en marcha, donde muchos trabajadores clamaban al cielo exigiendo el pago de su subsidio. Queda claro que el pago de este subsidio, como de otros tantos, no está siendo gestionado de la mejor manera posible, ni siquiera de una medianamente buena (siendo generosos en los términos).

Por último, hay que hablar de las pensiones. Como se ha anunciado a bombo y platillo se van a subir las pensiones contributivas un 0’9%, las no contributivas se subirán un 1’8% y el sueldo de los funcionarios también se verá incrementado en un 0’8%. Esta medida costará alrededor de 1.500 millones de euros y ha generado una natural polémica en torno a esta subida.

¿Por qué?

Fundamentalmente, porque 2020 ha sido un año donde ha habido deflación, con lo que los precios no han aumentado de forma generalizada como ha ocurrido otros años y de hecho han bajado, las pensiones no sólo no deberían haber subido (puesto que el IPC ha sido negativo) sino que deberían haber bajado o al menos se deberían haber quedado como estaban.

Esta es una medida claramente populista, que busca contentar a un público de casi 10 millones de pensionistas (6 millones de jubilados) y, por supuesto, también al colectivo de funcionarios.

El problema para muchos pensionistas no está en este punto, sino que el Gobierno envió el pasado 19 de Enero el documento con la reforma para las pensiones en el que se informaba de aquellas medidas que el Gobierno iba a acometer para tratar de hacer sostenible el ya quebrado sistema público de pensiones. Este documento no se ha hecho público, pero los medios sí han tenido acceso a este documento.

En las propuestas mencionadas, a pesar de no aparecer la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que se rumoreaba que aumentaría de los 25 años a los 35 años, sí se dejan entrever los distintos recortes a los que se someterán las pensiones en el futuro.

Por ejemplo, no aparece la ampliación del periodo para calcular las pensiones hasta los 35 años mencionados, pero si se penalizará aún más a aquellos trabajadores que decidan jubilarse de forma anticipada. También se insiste en que este periodo para calcular las pensiones se tendrá que alargar, aunque no se especifica concretamente. Aunque de hecho mencionan en el documento que las pensiones que reciban los pensionistas se verán mermadas a raíz de esta reforma.

El “Factor de equidad intergeneracional” también irá en esta línea de limitar el gasto de las pensiones, al ligarlo con la esperanza de vida y con el objetivo de que los más jóvenes se vean liberados de los ajustes presentes y futuros de las pensiones, etc.

En definitiva, vemos como tanto el IMV, como los ERTE y como las pensiones se han gestionado y se siguen gestionando de forma muy mejorable, por mucho que el Gobierno se de golpes en el pecho sobre lo bien que lo está haciendo y sobre el ya manido eslogan de “nadie se queda atrás”, la realidad dista mucho de encajar con la narrativa del PSOE y de Podemos.

El “Escudo Social” es un auténtico coladero, el IMV ni ha llegado al 20% de lo previsto, 300.000 trabajadores en ERTE no han cobrado nada, otros 500.000 han cobrado de menos y el recorte a las pensiones reducirá las pensiones de los futuros pensionistas.

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