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La subida del IVA o cómo capturar más rehenes del Estado del Bienestar.

Con la subida del IVA en sanidad y educación privadas que prepara el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y que espera aprobar próximamente, se ha vuelto a poner de manifiesto la tendencia de este gobierno en reforzar y/o aumentar el poder de la educación pública y la sanidad pública en detrimento de la sanidad y la educación privadas.

El Gobierno se está escudando en un informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para tratar de justificar la subida impositiva desde el 0% de IVA en sanidad y educación privadas, ya que actualmente están exentos de pagar el IVA, hasta el 21% que plantean. A día de hoy, el Estado está dejando de ingresar alrededor de 3.500 millones de euros que podría recaudar de más en el caso de aplicar el IVA del 21% a ambos servicios privados.

Este informe de la AIReF señala que la sanidad y la educación privadas suponen una pérdida recaudatoria de 1.763 millones de euros y 1.694 millones de euros, un total de 3.457 millones de euros.

Sin embargo, hay que hacer varios apuntes al respecto:

El primero y más importante es que a pesar de que se menciona el ahorro fiscal que supone para las familias esta exención fiscal, también se menciona que no existe un resultado concluyente que pruebe que al eliminar esta exención fiscal se vaya a incrementar la recaudación a las arcas públicas.

¿Por qué?

Pues porque si a las 9’4 millones de personas que se benefician de la exención fiscal en sanidad y a las 4’6 millones de personas que se benefician de la exención fiscal en educación (obviamente no son familias distintas sino que quienes acuden a la educación privada probablemente también acudan a la sanidad privada) se les sube los impuestos, naturalmente que muchas de estas personas y familias no podrán permitirse acudir ni a la sanidad privada ni a la educación privada, ya que un incremento desde el 0% hasta el 21% no es precisamente un aumento ínfimo.

Y si estas personas tienen que acudir tanto a la sanidad pública como a la educación pública, es evidente que se tendrá que dotar de nuevos recursos a estos servicios para poder asumir la nueva demanda que les va a llegar. Si un ciudadano decide que por el incremento del IVA no va a llevar a sus hijos a la educación privada y los va a llevar a la pública, la educación pública tendrá que dotar de un mayor número de recursos para poder asumir el trasvase de demanda desde la privada a la pública.

Por tanto, al final el ingreso adicional que podría suponer el hecho de aplicar un IVA del 21% se podría ver reducido a la nada por el trasvase de demanda de la privada a la pública. Este es quizás el punto más importante a tener en cuenta, pero no es el único.

La AIReF también señala que la sanidad está exenta del IVA en todos los países de la Unión Europea y que la exención en educación privada está exenta en la mayoría de países, Grecia ha eliminado la exención en educación en los últimos años e Italia sólo la aplica a la primaria y la secundaria.

Hay quien interpreta que la sanidad y la educación privadas extraen recursos de la sanidad y la educación públicas, pero nada más lejos de la realidad. Quien hoy en día paga una sanidad o una educación privada ya está pagando 2 veces por un mismo servicio, puesto que aunque no lo utilicen tienen que sufragar la sanidad pública y la educación pública. Por tanto, es lo público lo que extrae recursos de lo privado, y cuando hablamos de “privado” estamos hablando de familias y ciudadanos, no de empresas privadas.

Es común también escuchar un discurso marcadamente “anti-ricos” cuando se habla de subir el IVA a estos servicios, pero ya hemos visto que la exención fiscal beneficia a unas 9’4 millones de personas, ¿son todos ricos o provienen de familias ricas? No parece que esto sea así.

Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de servicios que proporcionan la sanidad y la educación pública estamos incluyendo servicios como:

– Fisioterapia

– Odontología

– Psicología

– Academias y un largo etc.

Los servicios de fisioterapia y de odontología no están incluidos en el sistema de salud pública, por lo que habría que dotar a la sanidad pública de recursos para cubrir la demanda de estos en caso de aplicar el IVA del 21%. La propia AIReF estima que al año se gasta en odontología en sanidad privada alrededor de 7.000 millones de euros.

De este tipo de servicios no disfrutan sólo los ricos, sino muchas familias que disponen de una pequeña cantidad de ahorro.

Es difícil no ver en las intenciones de este gobierno un intento por capturar más rehenes del llamado Estado del Bienestar a través del encarecimiento de los servicios privados, más rehenes que vean al Estado como aquel ente que “les cuida” y les protege, cuando lo único que hace es extraer cada vez más y más recursos de familias y ciudadanos para luego darles una serie de servicios que no han demandado, a un coste más alto y a una calidad menor de la que encontrarían en una sociedad libre.

En definitiva, que el Estado busque dinamitar la esfera privada de las familias y colectivizarlas en lo “público” es algo que va en su ADN, y es por ello por lo que hay que denunciar esta restricción de libertades que pretenden acometer.

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